La gente ha recibido con alegría la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que otorgaría un sueldo para la compra de útiles escolares, a los empleados públicos y jubilados y pensionados.
El entusiasmo hay que moderarlo un poco para analizar las implicaciones del proyecto.
Lo primero que hay que definir es si se trata de un sueldo, o de un bono escolar. Si se tratara de un sueldo, sería imposible eliminar las distorsiones que una medida de esta naturaleza provocaría, pues no es lo mismo ganar 10 que ganar 100, y si se establecen proporciones sería peor.
Si se trata de un bono de ayuda escolar sería menos propicio a desigualdades porque los útiles escolares cuestan lo mismo para todos.
Pero volvamos a la parte ética del proyecto. ¿Debe darse un bono a alguien que esté pagando un caro colegio bilingüe para sus hijos? Por definición, esa persona está entre los de mejores ingresos del país.
¿Debe dársele el bono a quien no tiene hijos que vayan a la escuela? Eso sería enriquecimiento sin causa.
¿Debe darse por sueldos, incluyendo a todos los que ganan más de un sueldo en la administración pública? Se estaría beneficiando a numerosos parásitos políticos y ese no debe ser el propósito.
¿Debe darse el bono a aquellos que reciben libros, uniformes y calzado gratis del gobierno?
¿Y el sector privado? ¿Y los que no son asalariados?
Creemos que en el estado actual de nuestra organización estatal, crear un mecanismo justo y eficiente para administrar un sistema como el propuesto, es punto menos que imposible, amén de que no existe garantía alguna de que el dinero será utilizado para fines estrictamente escolares.
Pensémoslo mejor.
atejada@diariolibre.com
El entusiasmo hay que moderarlo un poco para analizar las implicaciones del proyecto.
Lo primero que hay que definir es si se trata de un sueldo, o de un bono escolar. Si se tratara de un sueldo, sería imposible eliminar las distorsiones que una medida de esta naturaleza provocaría, pues no es lo mismo ganar 10 que ganar 100, y si se establecen proporciones sería peor.
Si se trata de un bono de ayuda escolar sería menos propicio a desigualdades porque los útiles escolares cuestan lo mismo para todos.
Pero volvamos a la parte ética del proyecto. ¿Debe darse un bono a alguien que esté pagando un caro colegio bilingüe para sus hijos? Por definición, esa persona está entre los de mejores ingresos del país.
¿Debe dársele el bono a quien no tiene hijos que vayan a la escuela? Eso sería enriquecimiento sin causa.
¿Debe darse por sueldos, incluyendo a todos los que ganan más de un sueldo en la administración pública? Se estaría beneficiando a numerosos parásitos políticos y ese no debe ser el propósito.
¿Debe darse el bono a aquellos que reciben libros, uniformes y calzado gratis del gobierno?
¿Y el sector privado? ¿Y los que no son asalariados?
Creemos que en el estado actual de nuestra organización estatal, crear un mecanismo justo y eficiente para administrar un sistema como el propuesto, es punto menos que imposible, amén de que no existe garantía alguna de que el dinero será utilizado para fines estrictamente escolares.
Pensémoslo mejor.
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