Por: Miguel GuerreroEl presupuesto aprobado por el Gobierno para el año próximo agrega un elemento de conflicto e incertidumbre a un 2008 previamente cuajado de desafíos.
Los recortes presupuestarios, contrarios a la ley en los casos del sector salud y la Suprema Corte de Justicia, y la incomprensible reducción de las partidas a la Junta Central Electoral, ensombrecen el panorama nacional y plantean la posibilidad de choques entre los poderes, con las funestas consecuencias que supondrían en un año electoral, con un presidente corriendo por la reelección como si de ello dependiera cuanto ha logrado y representa.
Las sumas asignadas al sector educación demuestran una vez más que esa área, a despecho de cuanto se ha hecho en el sector, no figura como la prioridad que se alega, lo cual implica un retroceso en la lucha contra la pobreza.
El presupuesto propuesto para el Poder Judicial tiene varias lecturas. La primera sugiere una estrategia de negociación en el caso de los acuerdos con la Sun Land, pendiente de fallo en el más alto tribunal del país.
Una sentencia acogiendo la instancia de inconstitucionalidad elevada por el PRD debilitaría tremendamente la candidatura oficialista. El bajo presupuesto asignado a la justicia podría ser un elemento de presión para llegar a un arreglo que salve al Presidente de un fallo que le muestre ante el país como un violador de la Constitución, lo que cuestionaría seriamente la legitimidad de su mandato.
La otra lectura indicaría una absoluta indiferencia por la independencia de los poderes.
En cuanto a la JCE, las advertencias del tribunal electoral de que con ese presupuesto es imposible garantizarle al país unas elecciones de calidad, pone los pelos de punta y arroja sombras espesas sobre el panorama electoral. La sumisa actitud asumida por el liderazgo del Congreso oscurece más la situación.
Los augurios no podrían ser peores.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
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