La columna de Miguel Guerrero

Hemos perdido la capacidad no ya de indignación sino de asombro. Quedó de manifiesto con los escándalos alrededor de la discusión del presupuesto nacional y la revelación oficial sobre la inclusión en esa ley de ONG’s “fantasmas” vinculadas a funcionarios y congresistas.

La Cámara de Diputados, cuyo presidente denunció la aberración, lo aprobó sin embargo sin cambio alguno, a lo cual siguió una rápida promulgación por el Ejecutivo, sin que mediara esfuerzo para comprobar o no la existencia de esas fantasmales succionadoras de recursos estatales.

Las cosas que han sucedido en este país en los últimos años nos colocan tal vez en el peor momento en materia de corrupción en muchas décadas.

Sustraer recursos públicos o hacer mal uso de ellos no constituye ya delito entre nosotros. Los cargos en el Gobierno son, de hecho, un premio a una adhesión política y no el fruto de méritos ciudadanos o el reconocimiento a una adecuada preparación técnica o profesional.

Hacerse rico desde una función pública, no importa a qué nivel, sea como miembro del gabinete ministerial, o en un grado menor, es ya un asunto natural, propio del ejercicio.

Los gobernantes no se creen obligados a rendir cuentas de su gestión, y no hay institución o grupo con capacidad para reclamarles tan elemental e ineludible deber.

Contrario a como ocurre en toda democracia, en el país son los ciudadanos los que deben respeto y obediencia a los que ellos mismos exaltan a la cima del poder, al través del llamado voto “flácido”, el que se otorga a la “menos mala” de las opciones, y no los gobernantes a la sociedad a la que están supuesta a representar.

Finjus se lamentaba en estos días que en cualquier otro país, el deprimente espectáculo alrededor del presupuesto hubiera provocado la forzosa renuncia de los responsables y quién sabe, agrego yo, qué otra cosa.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do