Por: Miguel GuerreroLas observaciones del empresariado al Seguro Familiar de Salud son inobjetables. En los hechos, el seguro no es más que un oneroso impuesto a las empresas y a sus empleados y trabajadores. Una carga pesada, como afirma la entidad, que reduce, agrego yo, la capacidad de las empresas para sobrevivir en mercados cada vez más competitivos.
Y, por supuesto, para ampliar sus actividades y fomentar nuevas oportunidades de empleo, en un país con tan alta tasa de desocupación. La estructura burocrática de la seguridad social hace incosteable el seguro de salud y eso lo sabemos todos.
El programa es sólo un escenario de movilidad política, donde la demagogia encuentra un terreno fértil que las profundas necesidades y requerimientos en el campo de la salud abonan cada día.
Los empleados y trabajadores del sector privado estaban mucho mejor con los seguros de salud que poseían antes de la puesta en vigencia del SFS, cuya aplicación no les ha representado beneficio adicional alguno a un costo mayor para la mayoría de las empresas.
Y sostengo esto último debido a que las deficiencias del seguro obligatorio han forzado a muchas de estas a suscribir contratos de servicios complementarios para no privar a su personal de un seguro que los libre del tormento de un sistema de salud pública infuncional, con hospitales desprovistos de equipos y medicamentos, donde se tratan las emergencias en los pisos.
La experiencia en estos primeros meses de aplicación del SFS han confirmado los temores del Conep de que la insistencia del gobierno de ponerlo en práctica, para lo cual fue necesario una reforma al vapor de la ley, era extemporánea.
Se requiere pues una reforma sustancial de esa ley que les devuelva a los ciudadanos el derecho a escoger libremente en materia de seguro de salud. Además, no es justo que los empleados tengan que pagar por el resto. Para eso está el gobierno.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
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