jueves, 10 de enero de 2008

Voto contrario

Con frecuencia, se escucha a funcionarios y orientadores de opinión hablando de las fuertes restricciones de recursos para mejorar el gasto social

Por Pelegrín Castillo

¿Por qué votamos en contra del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos? Esa iniciativa –el más importante instrumento de políticas públicas- fue enviado apenas una semana antes de concluir el año, con más de dos meses de retraso sobre la fecha establecida en la ley.

A pesar de ello, fue liberado del trámite de comisión, no fue entregado a los legisladores y declarado de urgencia dentro de un cambalache legislativo que involucró la designación del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y autorizar nuevos préstamos para los ayuntamientos.

Esas circunstancias tan desafortunadas bastaban para formular una posición de rechazo. Sin embargo, nos movieron, además, otras consideraciones más graves.

No es legítimo que se siga cargando a la población, en especial al contribuyente, el pago de una deuda pública cuestionable en más de un sentido. Ni siquiera se han divulgado las auditorías de la ejecución de muchos de los préstamos del cuatrienio pasado, aprobados durante un festival donde la irresponsabilidad rivalizaba con la falta de transparencia.

En otro orden, ¿se han realizado esfuerzos necesarios para reducir el monto de subsidios irritantes e irracionales en el servicio eléctrico y el suministro de gas? No se han hecho, y difícilmente se harán mientras exista una libre disponibilidad de los fondos generados por Petrocaribe.

El año pasado se adoptó un programa de austeridad que en gran modo recogía algunos de nuestros planteamientos en esta materia, pero ha tenido una ejecución insuficiente.

Con frecuencia, se escucha a funcionarios y orientadores de opinión pública hablando de las fuertes restricciones de recursos para mejorar el gasto social.

Ciertamente que las deudas y los subsidios constituyen unas pesadas lozas sobre el destino de la nación. No obstante, cabe preguntarse ¿cuál sería la economía de recursos que provocaría un cambio en los procedimientos de compra de bienes y servicios, asumiendo mecanismos de centralización, que saquen ventaja del poder de compra unificado del Estado?

¿Cuáles serían los ahorros que se lograrían en la ejecución de las obras públicas, si se incorporara el uso del prefabricado en la edificación de escuelas, dispensarios, clínicas o viviendas? Basta con voluntad política para cambiar de actitud, para racionalizar y eficientizar el gasto público, para superar la terrible constante de la baja inversión en educación y salud.

Precisamente, eso es lo que echamos de menos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, en el Gobierno como en la oposición.

Pelegrín Castillo es diputado por la FNP

No hay comentarios: