Por: Juan Bolívar DíazLo ideal es que todos los partidos del sistema democrático nacional estén prestos a rendir cuenta ante la ciudadanía, a responder cuestionamientos referentes a las normas constitucionales e institucionales, a los principios básicos y al uso de los recursos de la nación.
Ahora que el presidente Leonel Fernández está de retorno en el país tras su prolongada gira de casi dos semanas por cuatro ciudades de Estados Unidos, debe darse el tiempo necesario para ponderar la denuncia de que el Estado avaló a una empresa privada la colocación en el mercado internacional de pagarés por 130 millones de dólares.
Independientemente de la calidad moral que se les quiera otorgar a los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para haber destapado el escándalo, el gobierno está en la obligación de dar una explicación a la sociedad.
La gestión gubernamental perredeísta fue cuestionada en su momento. Ahora es la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Lo ideal es que todos los partidos del sistema democrático nacional estén prestos a rendir cuenta ante la ciudadanía, a responder cuestionamientos referentes a las normas constitucionales e institucionales, a los principios básicos y al uso de los recursos de la nación.
Es obvio que los dominicanos no hemos llegado todavía al grado de transparencia que muestran los partidos mexicanos, incluyendo el gobernante, que esta semana se pusieron de acuerdo y aprobaron la conformación de una comisión legislativa para investigar las denuncias de enriquecimiento ilícito formuladas contra el expresidente Vicente Fox a menos de un año de haber abandonado el poder.
Tampoco podemos aspirar a ser Francia, donde la esposa del presidente Sarkozy hubo de devolver una tarjeta de crédito cuando se le cuestionó por haber pagado en restaurantes unos cientos de euros como gastos de representación apenas unas cuantas semanas después que llegaran al poder.
Ni siquiera nos podemos comparar con Argentina donde la ministra de economía dimitió porque le encontraron en su escritorio un sobre con 30 mil dólares, aunque nadie le había acusado de ninguna irregularidad. Simplemente por respeto a la nación, y para que cualquier cuestionamiento no involucrara al gobierno.
Por igual tuvo que renunciar hace algunas semanas otro alto funcionario porque un empresario a quien le había dado bola en un avión oficial llegó a Argentina con 800 mil dólares sin declarar. Entiéndase bien, sólo porque no declaró la posesión del dinero.
Ni hablar de que estamos en capacidad de funcionar como Costa Rica, donde el anterior presidente tuvo que devolver una tarjeta que lo autorizaba a disfrutar beneficios de un resort dominicano de Punta Cana, donde estuvo de visita un par de años atrás.
Una diferencia substancial con nosotros es que en todos esos casos ni los partidos de gobierno ni los medios de comunicación salieron en defensa de los cuestionados, ni pretendieron hacerse ciegos y sordos. Por el contrario, fueron de los primeros en exigir transparencia y responsabilidades.
El contrato entre el ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, y la empresa Sun Land Corporation tiene que ser aclarado hasta las últimas consecuencias por el gobierno. Es absolutamente insuficiente decir que no tenemos deuda porque las obras contratadas no se han ejecutado.
La documentación, los pagarés y requerimientos de pago se refieren a un aval del gobierno, a una emisión de deuda que tenía por objeto financiar unas "Obras Prioritarias". No caben silencios ni explicaciones tontas cuando un documento sellado y firmado por Bautista indica que "los compromisos efectuados bajo esta carta-acuerdo son hechos bajo la autoridad garantizada por el poder firmado por su Excelencia Dr. Leonel Fernández, bajo el número 106-06 de fecha 12 de mayo del 2006."
Resulta muy cuesta arriba justificar que cualquier departamento gubernamental pueda emitir pagarés internacionales, es decir asumir deuda externa, con cargo a presupuestos futuros.
Las preguntas que el gobierno debe responder son: ¿Se otorgó el aval presidencial? ¿Firmó Félix Bautista esos compromisos? ¿Por qué no se han ejecutado las obras supuestamente contratadas e identificadas por la Sun Land? Ha usufructuado esa empresa privada un financiamiento estatal de 130 millones de dólares por más de un año? ¿Estamos ante una operación normal y legítima?
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