Por Miguel GuerreroHay un aspecto de la sentencia en el caso de la quiebra fraudulenta del Baninter que la convierte en uno de los documentos más infames de la historia judicial dominicana.
Es el que acoge el falaz argumento de la defensa de que las prácticas deshonestas e ilegales que condujeron al descalabro de ese banco eran comunes entonces al resto del sistema financiero.
Con el cuestionado e insólito fallo del tribunal que hizo del domingo pasado un día negro en nuestra vida institucional, consagrando de este modo la impunidad, no sólo se ha premiado el más descarado crimen económico contra la república, sino que se trata de ensuciar la reputación de otras instituciones bancarias manejadas con pulcritud por banqueros responsables, que hacen diariamente honor con su trabajo a la profesión y a la decencia.
El sentimiento de repudio que ha seguido al conocimiento de la decisión de los jueces del tribunal que tuvo a su cargo el juicio, es una demostración palpable del rechazo nacional a ese argumento insidioso, con el cual se intenta justificar prácticas fraudulentas en la falsa idea de que todos aquí somos iguales y actuamos de la misma manera.
El hecho de que los demás bancos, manejados con apego a las normas universales y con total respeto a los intereses de los ahorristas y depositantes, sobrevivieran a la crisis de confianza que siguió al derrumbe del Baninter, pulveriza tan absurdo como falaz planteamiento.
El fallo ha puesto en duda el sentido de equilibrio y de buen juicio de los jueces del tribunal. Esta sentencia complaciente y decepcionante, tal vez producto de presiones extrajudiciales, pone en entredicho la seriedad e independencia de la justicia.
Pretender poner a personas e instituciones honorables junto a aquellos que el pueblo sindica hoy como responsables del peor fraude de nuestra historia, es una insensatez y un abuso imperdonable.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
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