Por Miguel GuerreroEn su muy leída columna en Diario Libre, Adriano Miguel Tejada formuló ayer una serie de preguntas sobre el escándalo de los pagarés suscritos por el Estado a favor de la Sun Land, una agraciada y misteriosa empresa respecto de la cual el país carece en lo absoluto de información.
Por su buen nombre y el de la república, el gobierno del señor Fernández no puede dejar esas preguntas sin respuestas. Los voluminosos documentos presentados a la opinión pública sobre el caso por el PRD son demasiado comprometedores como para intentar cerrar el caso restándole autoridad o calidad moral al denunciante, o simplemente acusándole de haber incurrido en las mismas prácticas en el pasado.
Es posible que el silencio oficial termine, como siempre sucede en el país, dejando a un lado el asunto con la esperanza de que otro escándalo lo sepulte en la memoria nacional. Y es casi seguro que al final si opta por ese recurso todo quede igual y no se vuelva a hablar más del tema.
Si algo como eso llegara a ocurrir los medios tendrán que cargar con parte de la responsabilidad que ello conllevaría. Lo mejor que pudiera sucederle al país e incluso al propio gobierno es que este tipo de negocio quedara debidamente aclarado, en provecho de la transparencia de la que tanto se habla y tan poco se practica.
Ninguna de las explicaciones intentadas hasta ahora para justificar ese oscuro contrato, mantenido inexplicablemente en secreto, satisface las expectativas de la población.
El problema no consiste en el uso del dinero proveniente de los pagarés ni de la importancia de las obras a realizar o en ejecución en la universidad estatal. Eso tendrá que dilucidarse más tarde.
Lo que se discute es la legalidad del préstamo y el cuestionable secreto mantenido a su alrededor. El gobierno no puede seguir ignorando el legítimo derecho del país a saber con exactitud todo cuanto en este caso se esconde.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
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