La integridad de los recursos naturales y el medio ambiente del país están bajo constante y creciente amenaza.
Al menos eso se deduce de las reflexiones que, por separado, hicieran el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, y el sociólogo Max Puig, que hasta mediados de agosto pasado fuera secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El magistrado Subero Isa ha propuesto la creación de tribunales especiales para juzgar los actos contra el medio ambiente y los recursos naturales que, según afirma, están siendo destruidos debido a mala política -de preservación, suponemos- y a falta de sanciones.
De otro lado, Puig afirma que durante su ejercicio como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales tuvo que enfrentarse a intereses que quieren “desguazar” el país para repartirse bosques, ríos y playas.
Hay, pues, argumentos de peso de voces autorizadas que permiten colegir que la amenaza contra los recursos naturales y el medio ambiente es más grave de lo que parece.
II
Uno de nuestros más graves problemas en materia de preservación de recursos naturales es la falta de correspondencia entre la magnitud de los daños y perjuicios y la naturaleza del castigo aplicado a quienes los cometen, cuando suelen ser castigados.
Quizás sea digna de estudio nuestra vocación por magnificar las penas imponibles a quienes cometen delitos o crímenes contra individuos o sus propiedades, y minimizar, o ridiculizar en algunos casos, las sanciones por crímenes y delitos contra la colectividad, contra la nación.
La depredación de los bosques, por ejemplo, se traduce en perjuicios para todo el país, pero la magnitud de la pena por este delito no supera la de cualquier perjuicio físico o en materia de bienes y propiedades cometido contra individuos.
Es probable que la magnitud insignificante de los castigos por delitos medioambientales constituya el mayor estímulo para las prácticas que motivan las quejas de Subero Isa y Puig.
III
En virtud de que tienen asidero las quejas del ex secretario de Medio Ambiente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y tomando en cuenta que la preservación de los recursos naturales ha pasado a ocupar el tercer orden en la lista de prioridades en materia de seguridad nacional, es preciso someter a revisión todas las normativas correspondientes a este capítulo.
Hace algún tiempo, por denuncias del propio Max Puig, estalló una confrontación con legisladores empeñados en “recortar” las áreas protegidas con propósitos nada sanos para el interés nacional.
La mira de mucha gente interesada en explotar proyectos turísticos y de otras índoles está sobre áreas protegidas de mucha importancia para el equilibrio ecológico del país.
Nuestra falta de firmeza en la preservación del ambiente y los recursos naturales ha sido la causa principal de la desaparición de decenas de ríos, arroyos, humedales y bosques.
Es necesario modificar todo lo que haya que modificar con tal de poder castigar con mano dura los crímenes ambientales.
Al menos eso se deduce de las reflexiones que, por separado, hicieran el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, y el sociólogo Max Puig, que hasta mediados de agosto pasado fuera secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El magistrado Subero Isa ha propuesto la creación de tribunales especiales para juzgar los actos contra el medio ambiente y los recursos naturales que, según afirma, están siendo destruidos debido a mala política -de preservación, suponemos- y a falta de sanciones.
De otro lado, Puig afirma que durante su ejercicio como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales tuvo que enfrentarse a intereses que quieren “desguazar” el país para repartirse bosques, ríos y playas.
Hay, pues, argumentos de peso de voces autorizadas que permiten colegir que la amenaza contra los recursos naturales y el medio ambiente es más grave de lo que parece.
II
Uno de nuestros más graves problemas en materia de preservación de recursos naturales es la falta de correspondencia entre la magnitud de los daños y perjuicios y la naturaleza del castigo aplicado a quienes los cometen, cuando suelen ser castigados.
Quizás sea digna de estudio nuestra vocación por magnificar las penas imponibles a quienes cometen delitos o crímenes contra individuos o sus propiedades, y minimizar, o ridiculizar en algunos casos, las sanciones por crímenes y delitos contra la colectividad, contra la nación.
La depredación de los bosques, por ejemplo, se traduce en perjuicios para todo el país, pero la magnitud de la pena por este delito no supera la de cualquier perjuicio físico o en materia de bienes y propiedades cometido contra individuos.
Es probable que la magnitud insignificante de los castigos por delitos medioambientales constituya el mayor estímulo para las prácticas que motivan las quejas de Subero Isa y Puig.
III
En virtud de que tienen asidero las quejas del ex secretario de Medio Ambiente y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y tomando en cuenta que la preservación de los recursos naturales ha pasado a ocupar el tercer orden en la lista de prioridades en materia de seguridad nacional, es preciso someter a revisión todas las normativas correspondientes a este capítulo.
Hace algún tiempo, por denuncias del propio Max Puig, estalló una confrontación con legisladores empeñados en “recortar” las áreas protegidas con propósitos nada sanos para el interés nacional.
La mira de mucha gente interesada en explotar proyectos turísticos y de otras índoles está sobre áreas protegidas de mucha importancia para el equilibrio ecológico del país.
Nuestra falta de firmeza en la preservación del ambiente y los recursos naturales ha sido la causa principal de la desaparición de decenas de ríos, arroyos, humedales y bosques.
Es necesario modificar todo lo que haya que modificar con tal de poder castigar con mano dura los crímenes ambientales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario